Entre el 7 y el 10 de junio de 1994, en Salamanca, España, representantes de noventa y dos gobiernos y de veinticinco organizaciones internacionales se reunieron en una Conferencia organizada por el Gobierno español y la UNESCO para discutir problemáticas y objetivos en torno a la educación inclusiva, su alcance, significado, horizontes, prioridades. La Conferencia elaboró la Declaración de Salamanca de Principios y Prácticas para las Necesidades Educativas Especiales. Se trata de un documento que reconoce «[…] la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación […]», y que amplió el horizonte de inserción y plan de acción que la educación debe proponerse ante las personas con aptitudes, capacidades motoras e intelectuales especiales.

La Declaración recoge algunos principios reconocidos y compromisos asumidos en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia, 1990) y la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Nueva York, 1990). Además, la Declaración insta a los Estados a que diseñen políticas y planifiquen programas de estudio para que las carreras de enseñanza de todos los niveles otorguen prioridad al espíritu de inclusión e integración propuesto. Así, todos los niveles de educación que un Estado imparte deberían ajustarse a los principios de integración, según el cual debe incluirse a personas con capacidades diferentes a los sistemas de educación común. De esta forma, las diferencias que puedan presentar los alumnos en su aspecto individual respecto de sus características, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios, no serían motivo de relegamiento y quedarían integrados a un sistema de educación común que a su vez brinde atenciones diferenciadas y personalizadas.

Tanto la Declaración de Salamanca como sus antecedentes forman parte de una iniciativa que persigue, en términos generales, socavar la discriminación que las sociedades han consumado hacia las personas con capacidades diferentes. Con una propuesta y Programa de Acción incluidos en el mismo documento, la Declaración entiende que los centros escolares y los niveles iniciales son la instancia adecuada para corregir las actitudes discriminatorias que deterioran la idea de una sociedad integrada por personas con diferentes capacidades, que a su vez puedan convivir en un ambiente de mutuo respeto y aprendizaje. De esta forma, la educación no quedaría anclada en el mero acumulamiento de contenidos, sino que atendería a aspectos humanos —y humanizantes— con el propósito de generar otras lógicas de relaciones sociales e intersubjetivas.